AVISARONWEB

Aristóbulo y Freddy avisaron

Por: Juan Sanoja | @JuanSanoja

Los videos hielan la sangre. Las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro no llevaban ni una semana cuando Freddy Bernal y Aristóbulo Istúriz salieron a decir barbaridades en una concentración oficialista en el centro de Caracas. Con ademanes de chivo que más mea, de macho alfa cuatriboleado, dos hijos de Chávez, arropados por el poder, lanzaron sendas advertencias. “Nosotros estamos apegados a la Constitución, pero si llegara el momento de que cada hombre y cada mujer de este país tuviera que agarrar una kalashnikov para defender la patria de Bolívar estoy seguro de que estaríamos dispuestos a hacerlo”, dijo Bernal desgañitándose, sin advertir cuánta contradicción albergaba su discurso. El profesor Istúriz no pudo ser menos imprudente y, cual hermano mayor malcriado, lanzó otra amenaza en pleno arrebato: “Después que no chillen, que no estén diciendo ‘Derechos Humanos’. Se están convirtiendo en unos provocadores de crímenes. Lo que están buscando en la calle es un muerto, un muerto que justifique la injerencia en Venezuela”. Castigo del cuerpo, la lengua de Aristóbulo predijo no sólo lo que ocurriría ese día –Jairo Ortiz sería el primer fallecido en protestas–, sino la estampa lúgubre que tendrían las venideras manifestaciones. “Vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para no caer en provocaciones, pero eso no quiere decir que no caigamos, podemos caer en provocaciones también. No debemos caer, pero llega un momento en el que o caes o eres pendejo”, sentenció Istúriz hacia el final de su colérica intervención. Casi tres meses y un centenar de muertos después, vaya usted a saber en qué provocación cayó el chavismo, pero lo cierto es que han cambiado el gas del bueno por el plomo parejo. Al asesinato de Fabián Urbina se le suma hoy el de David Vallenilla (22 años), un homicidio a quemarropa.

 

ENCAMPANAWEB

¿En campaña?

Por: Juan Sanoja | @JuanSanoja

 “La señora Ortega Díaz pretende convertir al Ministerio Público en un nuevo partido de la cosa esa llamada MUD”, escribió el domingo Tareck El Aissami en Twitter y puede que haya tenido razón. Aunque sólo parcialmente: Luisa sigue siendo chavista. Incluso, en una declaración controversial, le dijo a Vladimir Villegas hace semanas que no, que ella no era una adversaria política de Maduro, que su intención, pura y cristalina, era defender la Constitución, en otro intento por mantener su narrativa intacta: «Únicamente hago lo correcto. Mi motivación es hacer cumplir la ley». Con ese mismo hilo argumental –“Yo no tengo otra pretensión sino el respeto a la Constitución”–, y vestida de Carta Magna, se presentó ayer en el Ministerio Público para repetir algunas consignas (“Tenemos que ser consultados” / “Estaré trabajando para garantizar sus derechos”) y plantear nuevas discusiones (“¿Por qué no hay alimentos ni medicinas? Es importante que los fiscales contra la corrupción indaguen. Hay que dar respuesta” / “¿De dónde sale el dinero para las costosas marchas?”), en el clímax de un acto en el que trabajadores del MP de diversos estados del país apoyaron la gestión de la Fiscal General. El evento contó con personalidades como Nicmer Evans (“La mayoría de los que estamos aquí somos chavistas y estamos defendiendo la Constitución”) y la ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez. Si Tareck El Aissami tuviese razón, el de ayer sería el discurso fundacional, la presentación de la candidatura, de la máxima representante de un nuevo partido político. Uno que agrupase a tanto chavista suelto y que rompiese con la bipolaridad de la política venezolana. Dijo Diosdado Cabello que a Ortega Díaz alguien le había metido en la cabeza que ella lideraría una transición, y aunque la Fiscal haya negado la teoría, en la Venezuela de los mil escenarios posibles la hoy aclamada abogada pudiese terminar inscribiéndose en el Consejo Nacional Electoral. El PSUV se ha movido rápido: ante la petición de Pedro Carreño, hoy el TSJ admitió la solicitud de antejuicio de mérito en contra de Luisa.

Cruz Roja

¿Debe intervenir la cruz roja en Venezuela?

Por: Edwins Borges | @EdwinsBorges

En Venezuela, los sucesos y protestas de los últimos 60 días han dejado un saldo de más de 60 muertos y 3000 heridos según cifras oficiales. En estas protestas han surgido varios grupos asistenciales, como los Cruz Verdes y los Cruz Azules, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si la Cruz Roja debería o no intervenir. A continuación, daremos respuesta a estas interrogantes.

En el mundo existe el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. que esta compuesto por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), La Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja de 190 países. Veamos, citando la información que publica en el sitio web oficial del Movimiento, su propia explicación sobre su misión:

Cometido y misión del CICR

La acción del CICR se funda en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales, así como en los Estatutos de la Institución –y los del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja– y las resoluciones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El CICR es una organización independiente y neutral que se esfuerza por prestar protección y asistencia humanitarias a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia. Toma medidas para responder a las emergencias y promueve, al mismo tiempo, el respeto del derecho internacional humanitario y su aplicación en la legislación nacional.

El Movimiento, que cuenta con unos 97 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 190 países, está compuesto por:

  • el Comité Internacional de la Cruz Roja,

  • la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y

  • las 190 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Tomando en cuenta la información expuesta anteriormente, podemos comprender en primer lugar que tanto el CICR como la Cruz Roja Venezolana (Sociedad Nacional) por sus principios de imparcialidad no pueden tomar ninguna reacción frente a los sucesos de los últimos días. Además, al no ser un conflicto armado, sino una serie de manifestaciones en contra del gobierno, no esta dentro del campo de acción en el que el CICR interviene. Sin embargo, la Cruz Roja Venezolana a través de declaraciones de su Presidente, el Dr. Mario Villarroel ha dejado claro que ha atendido distintos heridos en las manifestaciones.

En relación al campo de acción del CICR:

“En situaciones de conflicto armado, el CICR se ocupa de dirigir y coordinar las actividades internacionales de socorro del Movimiento. Además, promueve la difusión del derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios universales. Al ser garante de los Convenios de Ginebra, el derecho internacional confiere al CICR el mandato permanente de visitar prisiones, organizar operaciones de socorro, reunir a familias separadas y emprender otras actividades humanitarias durante los conflictos armados.

El CICR también trabaja para cubrir las necesidades de desplazados internos, sensibilizar a la opinión pública sobre el peligro de las minas terrestres y los residuos explosivos de guerra, y de buscar a personas desaparecidas en conflictos armados”.

Siguiendo esta idea, en Venezuela no existe el escenario para que el CICR pueda ejercer su autoridad como garante del Derecho Internacional Humanitario, porque, a pesar de que sí existe una situación de tensión, este no ha escalado a niveles de conflicto armado y se ha mantenido en un nivel de manifestaciones y represión.

Ahora veamos el plano de acción de Federacion Internacional de la Cruz Roja:

La Federación Internacional es una organización humanitaria mundial que coordina y dirige la asistencia internacional en casos de desastre natural o causado por el ser humano en situaciones ajenas a conflictos armados. Su misión es mejorar la vida de las personas vulnerables movilizando el poder de la humanidad.

La Federación Internacional colabora con las Sociedades Nacionales para intervenir en caso de catástrofes en cualquier parte del mundo. Sus operaciones de socorro se combinan con actividades de desarrollo que abarcan programas de preparación para desastres, actividades de salud y asistencia, así como la promoción de valores humanitarios.

La Federación Internacional apoya programas de reducción del riesgo y lucha contra la propagación de enfermedades como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la gripe aviar y la malaria. Además, actúa por combatir la discriminación y la violencia, y promueve la defensa de los derechos humanos y la asistencia a los migrantes.

Todas estas actividades forman parte de Agenda Global de la Federación Internacional cuyos objetivos son:

  • Reducir el número de muertes, heridas y daños causados por los desastres.
  • Reducir el número de muertes, dolencias y perjuicios relacionados con enfermedades y emergencias de salud pública.
  • Aumentar la capacidad de las comunidades locales, la sociedad civil y la Cruz Roja y la Media Luna Roja para abordar las situaciones de vulnerabilidad más urgentes.
  • Promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana y reducir la intolerancia, la discriminación y la exclusión social.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja encarnan la labor y los principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 190 países. Las Sociedades Nacionales actúan como auxiliares de los poderes públicos de sus propios países en el campo humanitario y ofrecen una serie de servicios, entre los que se incluyen el socorro en casos de desastre y los programas sanitarios y sociales. En tiempos de guerra, las Sociedades Nacionales ayudan a la población civil afectada y brindan apoyo a los servicios médicos del ejército cuando la situación lo requiere.

En este caso, las criticas y denuncias que ha recibido por distintos medios  la Cruz Roja Venezolana a través de redes sociales no tienen ningún fundamento ni base, debido a que esta no estipula en su acción que debe tomar parte en la situación del país. No podemos emitir juicio contra un organismo que no puede ejercer acción alguna dentro de la situación de tensión. Es cierto que la situación del país requiere de apoyo, sin embargo, debe venir de los organismos que tienen el deber de hacerlo.

FUTBOLISTAWEB

“Quiero ser futbolista”

Por: Juan Sanoja | @JuanSanoja

Puede que el fútbol nos haya gustado desde siempre, para qué vamos a mentir. No hubo álbum de Mundial que no comprásemos ni final de Champions en la que no estuviésemos sentados frente al televisor. Hasta goles de Brasil gritamos con la verde-amarela tatuada en la piel. Nos gustaba, nos divertía e incluso era motivo de celebración. Lo que realmente nos inflaba el pecho, no obstante, era una jugada de Aparicio o un jonrón de Andrés Galarraga. El orgullo patrio, ese sentimiento que en el deporte cobra un plus especial, tenía forma de batazo o atrapada. En fútbol, Venezuela era una película de Disney. Una Cenicienta en busca del zapato que le ayudara a hacer más goles que el rival, un anhelo con pinta de utopía. En la memoria colectiva, la Vinotinto estaba emparentada con la vergüenza, la derrota y el olvido. La historia fue así hasta que a un médico traumatólogo le dieron la oportunidad de expresar, como entrenador de la selección nacional, una convicción inmarcesible: ‘Miren, muchachos, tengo la certeza de que nosotros tenemos el talento necesario para ganar’. Costó, sí, pero de la convicción vinieron los hechos (cuatro victorias seguidas rumbo a Corea – Japón 2002) y los hechos desataron un fenómeno social: el famoso Boom Vinotinto. Fue tras esa seguidilla de victorias que Venezuela se casó con su equipo, se compró su camiseta y empezó a desgañitarse en cada uno de sus goles. Los niños que vivieron aquella algarabía crecieron con la esperanza de ser futbolistas. Sus padres, que ya eran fanáticos del balompié (no es casualidad que la selección tenga tres jugadores de nombre Ronaldo), confiaron en ellos y los llevaron a la cancha. Tres lustros después, agradecen haber tomado esa decisión: sus hijos jugarán el domingo la final de una Copa del Mundo (sub-20) frente a Inglaterra.

ONUWEB

¿Va a intervenir la ONU en Venezuela?

Por: Edwins Borges | @edwinsborges

La situación de Venezuela fue llevada a una reunión informal del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por solicitud de la Representante Permanente de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), embajadora Nikki Haley. Para muchos, una victoria  de la oposición Venezolana; para otros, un acto mas de injerencia por parte de EE.UU. Ante esto pueden surgir interrogantes tales como ¿qué hace realmente el Consejo de Seguridad? ¿Puede significar una intervención militar en el futuro? ¿Es un acto de injerencia por parte de EE.UU.?

Analicemos el caso desde el documento fundacional, la Carta de las Naciones Unidas.

En primer lugar, veamos las funciones y poderes del Consejo de Seguridad, según lo establecido en los artículos 24, 25 y 26  del Capitulo V de la Carta de las Naciones Unidas:

Artículo 24

1 A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad.

2 En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII.

3 El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.

Artículo 25

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.

Artículo 26

A fin de pel establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere e1 Artículo 47, la elaboración de planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos.

Tomando como base estos artículos, la función del Consejo de seguridad es mantener la paz y la seguridad internacional. Dentro de la ONU, es el único órgano cuyas resoluciones tienen carácter vinculante. Es decir, que deben ser cumplidas por sus Estados miembros. Dichas acciones pueden ir desde embargos económicos hasta movimientos militares, que dependerán de cómo sea escalado el tema y de la dificultad de la solución del conflicto. Siendo así, no es descabellado que la situación de Venezuela haya llegado hasta allí.

El gobierno venezolano, a través de su representante permanente en la organización, Rafael Ramírez, y tambien por declaraciones de la Canciller Delcy Rodriguez, ha establecido como un acto injerencista la solicitud de EE.UU. de llevar la situación a la agenda del Consejo. Veamos en los artículos 33 al 38 del capitulo VI referentes al arreglo pacífico de las controversias, si estas afirmaciones son correctas.

Artículo 33

1 Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

2 El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.

Artículo 34

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 35

1Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.

2 Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta.

3 El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 y 12.

Artículo 36

1 El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de indole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados.

2 El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia.

3 Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar tambien en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

Artículo 37

1Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no lograren arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad.

2 Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados.

Artículo 38

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico.

La situación venezolana, pese a que no ha llegado a un conflicto bélico, ha ido aumentando en cuanto a tensión, producto de las acciones de ambos actores (gobierno y oposición). En este contexto, las declaraciones de los representantes diplomáticos venezolanos, de considerar una injerencia por parte de EE.UU.  la discusión carecen de sentido. La razón de mi afirmación recae en el hecho de que el Consejo de Seguridad puede investigar cualquier controversia, y de que cualquier Estado miembro de la ONU puede llevar cualquier controversia al Consejo, para prevenir que aumente la tensión y, por consiguiente, la gravedad del conflicto. No es defendible que un gobierno denuncie una supuesta injerencia cuando la propia Carta de las Naciones Unidas, que ha sido firmada y ratificada,  establece en sus artículos cómo debe escalarse la situación. Esto se establece en el capítulo VII referente a la Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión, en sus artículos 39, 40, 41 y 42.

Artículo 39

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

Artículo 40

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales.

Artículo 41

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

Artículo 42

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas. “

En este sentido, podemos observar que el conflicto al ser llevado al Consejo de Seguridad no constituye un acto de injerencia y al ser un país miembro se esta en la obligación de acatar las decisiones que surjan del mismo.

Dentro del Consejo, el gobierno Venezolano cuenta con 2 aliados: Bolivia y Uruguay. Este último tiene la presidencia del Consejo que se rota mensualmente. Ambos representantes de los países nombrados establecieron que el conflicto venezolano debía resolverse en los organismos regionales, de acuerdo a lo establecido en el ártico 52 de la Carta que citamos:

Artículo 52

1 Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

2 Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad.

3 El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad.

4 Este Artículo no afecta en manera a1guna la aplicación de los Artículos 34 y 35.

Sin embargo, no podemos dejar pasar el articulo 54 , que establece:

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.

En conclusión, tomando en cuenta la denuncia del Gobierno venezolano de la Carta Democrática (Organización de Estados Americanos) y el deseo del mismo de que solo sea tratado el tema en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y  en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en la cual tiene aliados que viciarían el resultado,  es natural que el tema haya llegado al Consejo de Seguridad.

De continuar la tensión, e incrementar su nivel de violencia, no debe sorprendernos que en un futuro cercano vuelva a tocarse el tema en el Consejo. De ser así, el Gobierno venezolano cuenta con dos aliados que vetarían cualquier resolución que sea contundente contra Venezuela, aunque podríamos esperar un cambio en la política internacional, si las acciones del gobierno continúan en vía al establecimiento de un Estado que no respete la Ley.

TRAIDORESWEB

Los nuevos traidores a la patria

Por: Juan Sanoja | @JuanSanoja

Al gobierno de las listas le empieza a preocupar lo extensa que se está haciendo una: la de los nuevos traidores a la patria. Esta vez no son imperialistas, burgueses u oligarcas: son chavistas. No hay Luis Tascón que los agrupe, sino Constituyente que los sindicalice. Hubo quienes se unieron antes, casi en el papel de fundadores, como los tutores Héctor Navarro (“Para nosotros es catastrófico lo que está ocurriendo”) y Jorge Giordani (“Esta es una sociedad que está colapsada por el modelo rentista”), par de profesores que fijaron posición tras la paliza del 6D. El plot twist más impactante, sin embargo, ocurrió el 31 de marzo de este año, cuando Luisa Ortega Díaz, edición de bolsillo en mano, habló de “ruptura del orden constitucional”. Fiscal General desde hace una década y protagonista en el encarcelamiento de Leopoldo López, Ortega levantó la Carta Magna como bandera, se ajustó los anteojos y fue aplaudida en el balance de gestión del Ministerio Público, instante en el que respondió con beso y sonrisa. Tras su pronunciamiento, Miguel Rodríguez Torres —el exministro de Interior, Justicia y Paz que culpó a la oposición hace tres años de intentar incendiar el país—, salió a la palestra: “La posición valiente que asumió la Fiscal seguramente será atacada, pero tiene que hacernos reflexionar”. Ahora, tras las Oly Millán y Ana Elisa Osorio, una nueva exministra de Chávez, Maripili Hernández (“Sin referéndum, es absolutamente falso que la Constituyente es un camino para la paz”), continúa alargando una lista que tiene nombres como Clíver Alcalá (Mayor General retirado que participó en el 4F) y Gustavo Márquez (exministro de Comercio).

Tribunal

¿Puede un civil ser juzgado por un tribunal militar?

Por: Edwins Borges  | @EdwinsBorges

Ante la delicada situación que se ha presentado debido al uso de tribunales militares para juzgar civiles en los últimos días, es necesario un análisis desde el punto de vista objetivo de los Derechos Humanos, a partir cuenta 3 documentos legales: el Código Orgánico de Justicia Militar, la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el Código Orgánico de Justicia Militar, se establecen los siguientes artículos relacionados civiles.

Artículo 123. La jurisdicción penal militar comprende:

  1. El territorio y aguas territoriales venezolanos; los buques y aeronaves de las Fuerzas Armadas Nacionales; y el territorio extranjero ocupado por fuerzas nacionales;
  2. Las infracciones militares cometidas por militares o civiles, conjunta o separadamente;
  3. Los delitos comunes cometidos por militares en unidades, cuarteles, guarniciones, institutos educativos, establecimientos militares o en instalaciones de entes descentralizados de las Fuerzas Armadas, en funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas.
  4. Los delitos conexos, cuando el delito militar tenga asignada igual o mayor pena que el delito común, sin perjuicio de lo establecido en el ordinal anterior.

Artículo 124. Están en todo tiempo sometidos a la jurisdicción militar:

  1. Los oficiales, especialistas, individuos de tropa o de marinería, sea cual fuere su jerarquía, y la situación en que se encuentren.
  2. Los alumnos de las escuelas militares y navales de la República, por infracciones no previstas ni castigadas en los reglamentos de dichas escuelas y penados por el presente Código y demás leyes y reglamentos militares.
  3. Los que forman parte de las Fuerzas Armadas con asimilación militar.
  4. Los reos militares que cumplen condenas en establecimientos sujetos a la autoridad militar.
  5. Los empleados y operarios sin asimilación militar que presten sus servicios en los establecimientos o dependencias militares, por cualquier delito o falta cometidos dentro de ellos.

Artículo 128. En los caso a que se refiere el ordinal 3º del artículo 123, si el delito común ha sido cometido por militares y por civiles, como autores principales o cómplices, todos los complicados serán sometidos a la jurisdicción militar.

Artículo 201. Ningún venezolano o extranjero, civil o militar, podrá ser detenido por las autoridades judiciales militares, sin que preceda información sumaria de haberse cometido un delito que merezca pena corporal, y orden escrita dada por el Juez competente.

De acuerdo con los artículos anteriores, efectivamente está establecido legalmente que aquellos civiles que incurran en delitos militares deben ser juzgados en un tribunal militar. Sin embargo, hay que aclarar, en primer lugar, que este código entró en vigencia en 1998, antes del proceso constituyente que tuvo como resultado nuestra actual carta magna, la cual estableció un cambio radical en el Estado venezolano, debido a que estipula que los ciudadanos deben ser juzgados por su juez natural, y además le da jerarquía constitucional a los pactos, tratados o convenciones de Derechos Humanos:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.

Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía

Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:

  1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
  2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
  3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
  4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
  5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

 La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

  1. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
  2. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
  3. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas.

Artículo 261. La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados por concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento, se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar.

La ley regulará lo relativo a las jurisdicciones especiales y a la competencia, organización y funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución.

Adicionalmente, están los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 7. Son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Luego de observar las diferencias que hay entre el Código Orgánico de Justicia Militar y la Constitución, es necesario establecer que los tratados, pactos y convenios prevalecen en el orden interno, por tanto, si estos benefician a los ciudadanos, son los que deben ser aplicados por las autoridades judiciales y del Poder Público. La acción del juicio de jurisdicción militar no beneficia a un civil debido a que no es su juez natural. Por tanto, aquí observamos violación del artículo 23 de la Constitución, por el hecho de que no se le aplica la norma que es más favorable  para el civil. Queda por parte del Estado mantener esta violación o apegarse a los artículos 25 y 29 de la constitución y declarar estos actos nulos y realizar las sanciones que deba.

La Constitución, como carta magna, está por encima de cualquier Ley o Código Orgánico dentro del marco jurídico. Por lo tanto, el articulo 49 en su numeral 4  deja sin efecto que cualquier civil sea juzgado en tribunal militar, cosa que también representa una violación a los artículos 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La paz no solo es la ausencia de conflicto, la paz es la presencia de justicia. Y es justicia lo que necesitamos los venezolanos hoy.

*Edwins Borges es Licenciado en Estudios Internacionales

6ta republica

La sexta república

Por: Edwins Borges| @edwinsborges

Son muchas las dudas y reservas hacia el llamado hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, al establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Un llamado que a muchos sorprendió, dada las circunstancias.  Luego de un mes de protestas, el escenario político en Venezuela ha tomado un nuevo rumbo, motivado quizás por la insistencia en la calle de una oposición distinta, mucho más popular que en años anteriores, que busca enérgicamente alcanzar algunos puntos establecidos, entre ellos el respeto a la Asamblea Nacional y el establecimiento de elecciones generales sin presos políticos ni inhabilitados. Esta serie de protestas, en las que la represión y el desconocimiento han sido la respuesta, al parecer han trancado el juego y obligado al señor Maduro a jugar quizás con una de las cartas más riesgosas. ¿Por qué de las más riesgosa?

Expongo los escenarios que creo posibles en los próximos días:

– La primera reacción de la dirigencia opositora ha sido rechazar de plano el llamado constituyente y así lo ha expresado en las calles. De mantener esta postura, realmente podría darse un jaque, ya que le permitiría al oficialismo no solo continuar la represión desmedida de las protesta, sino también darle la oportunidad de decir que ellos hicieron una propuesta basada en la moribunda constitución de 1999, y dicha propuesta seguirá en pie. El gobierno completará el proceso y sucederá lo mismo que en el año 2005, cuando la oposición no llevó candidatos a las elecciones parlamentarias y le permitió al oficialismo tomar control de todos los poderes públicos, lo que nos arrastró a este punto en el que nos encontramos. Tengamos presente que en los 9 puntos establecidos por Maduro se observa que se establecería un Estado comunal.

-Los dirigentes políticos de oposición pueden agarrar un camino distinto, usando la calle como campo de batalla para defenderse, y tomar postura sobre la constituyente, abarcando todos los espacios necesarios para una verdadera participación ciudadana. La defensa de la democracia a través de esta acción es donde veo la oportunidad no solo de lograr una mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, sino también de gestar el cambio del Estado venezolano desde su punto más importante. Una mayoría en este escenario podría significar: reestructuración de los poderes públicos, regulación en los periodos electorales, establecimiento de controles reales a la situación política, económica y social del país, reestructuración de las Fuerzas Armadas y elecciones generales de los cargos del poder Ejecutivo y Legislativo para así renovar poderes y darle un nuevo panorama al país.

En ambos escenarios debe prelar, sobre cualquier pretensión, el carácter universal y secreto del proceso electoral, sin distinción de ninguna clase. Sólo ello aseguraría la legitimidad del proceso, respetando los artículos 5 (referente a la soberanía del pueblo) y 63 (referente al derecho legítimo al sufragio universal, directo y secreto de los venezolanos sin ningún tipo de distinción).

Ante cualquiera de los dos casos, hay una realidad: el surgimiento de la Sexta República, dejando así de lado, aunque no quieran aceptarlo, el “mayor legado” que les dejó Chávez a sus seguidores. Con este llamado han dejado establecido que la constitución del año 1999 no fue la solución para el país, y lo más impactante del caso: el elegido de Chávez antes de su muerte, fue el que sepultó la Quinta República.

QUEPASARAWEB

Maduro apela al miedo en un día crucial

Hoy, el diario ‘La Nación’ de Buenos Aires publicó un reporte firmado por su corresponsal en Venezuela, Daniel Lozano, sobre nuestro país, que puede servir para hacerse una idea de lo que puede suceder mañana.

“En el imaginario chavista, abril es el mes de las victorias. En 2017, en cambio, se ha convertido en el mes de la incertidumbre. Pese a sufrir la mayor crisis económica, social y política que se recuerde, Maduro manejaba a su antojo 2017. Y con el tablero estratégico con todas las piezas bajo control, maniatadas gracias a la fracasada Mesa del Diálogo y a las diferencias internas de la oposición. Hasta que un terremoto provocado por la propia revolución cambió radicalmente el escenario. Las sentencias del TSJ contra el Parlamento conformaron una nueva realidad política, un movimiento tan mal ejecutado que ha provocado una reacción en cadena: la rebelión de los diputados, convertidos hoy en héroes; la indignación internacional; la rebelión de la fiscal; la retoma de la calle como forma de protesta, y la reunificación de la coalición opositora.

Así llega el 19-A, ‘la madre de todas las protestas’, déjà vu del 1° de septiembre del año pasado, cuando más de un millón de personas tomaron las calles de la capital. Como el 1-S, pero con siete meses más de crisis sobre las espaldas del país. El chavismo ha desplegado sus defensas habituales: represión, propaganda, ‘conspiranoia’ y revolver las aguas para que no llegue la luz, incluso dentro de la  propia MUD (…) El mismo guión, pero cada vez más radicalizado, incluida la táctica del miedo.

Ante los apuros, el ‘hijo de Chávez’ vuelve a parapetarse entre sus más incondicionales. Los milicianos tendrán mañana la responsabilidad de rodear el Palacio de Miraflores, uniéndose a los miles de seguidores que se desplegarán en la habitual contramarcha oficialista. En frente, ‘arrechera’ y hastío. Tanto que muchos quieren ver una salida próxima en el horizonte. ‘Los errores del gobierno parecen aproximar el país al cambio. Pero hay que tener sentido de las proporciones. El 19-A no es el día final’, pronostica el politólogo John Magdaleno”.

[Puedes leer el texto completo aquí]

JUDASWEB

Tarek William Saab, el judas de 2017

Debería ser, en teoría, el hombre que nos defendiera, nuestro protector y auxiliador ante el poder. Por el contrario, se ha convertido, en las redes sociales, en un campeón del bloqueo (no hace otra cosa sino bloquear gente); y, en la vida real, en un cómplice de la dictadura. Aunque de vez en cuando hace alguna declaración (siempre vía Twitter) condenando algunos de los excesos clamorosos de las fuerzas represivas, de allí no pasa. A la acción no llega. Y por omisión, ya se sabe, también se peca. Es el responsable directo de que el Pran Maikel, amo y señor del TSJ, y su tren de magistrados delincuentes, sigan al frente del poder judicial (en minúscula mientras ellos permanezcan en él). Sólo una declaración suya hacía falta para activar el proceso de remoción de los golpistas de toga y birrete, y él decidió no hacerla. De “inoficiosa” la calificó, y de ese modo se convirtió (y así quedará en la historia) en el gran defensor y cómplice de esa banda delictiva. Aunque por activa y por pasiva el pueblo caraqueño ha intentado ir a su despacho para intentar hacerle entrar en razón, ha sido imposible: la bota militar y policial, con sus bombas vencidas, disparadas de frente y lanzadas de helicópteros incluso, se encarga de impedirlo siempre. Y eso que se dice “poeta”, “humanista” y “defensor de los derechos humanos” (entrecomillado intencional por ser todas imposturas). De allí que hoy, cuando el pueblo, de modo simbólico y alegórico, hace justicia quemando a Judas, el traidor de Cristo, en nuestra hoguera digital arda este hombre falso y cómplice de la dictadura y sus delincuentes.