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“No hay salida democrática”

En Venezuela no hay salida democrática. Ese es el crudo diagnóstico de Ramón Muchacho, uno de los alcaldes que padeció en carne propia los zarpazos de la dictadura y que, ante su inminente detención, decidió escapar del país para seguir haciendo política fuera de las rejas. Le habían quitado su pasaporte meses atrás –cuando regresó de su gira por Chile y Perú– y no estaba dispuesto a que le quitasen también su libertad. Con contactos, dentro y fuera del país, logró escapar hacia Estados Unidos, donde le concedió una entrevista al showman y periodista estrella Fernando del Rincón. “El problema de Venezuela es mucho más grave (que las regionales). El problema real es que Venezuela es un país donde hay una dictadura y donde no hay salida democrática”, soltó convencido. Para Ramón, las posibilidades de una resolución institucional y consensuada de la crisis se fueron reduciendo en el tiempo a medida que el gobierno avanzaba con su plan dictatorial. La ANC fue el límite, la gota que rebasó el vaso, y a partir de ese momento, afirma Muchacho, la esperanza se esfumó. “Es mejor que reconozcamos la realidad y con base en eso empecemos a hacer propuestas, en vez de que nos sigamos engañando. Si todavía seguimos pensando que hay forma de sentar al gobierno para que por cualquier forma no violenta, con su participación activa y con su voluntad, entregue el poder, es porque todavía no entendemos quiénes están gobernando en Venezuela”. Entonces, ¿estaría de acuerdo Muchacho con una intervención militar?: “Cuando Trump lanza esa advertencia lo que le está poniendo es una papa caliente en la mano a los gobiernos de la región para que éstos digan: ‘Intervención militar no. La opción es esta’. Cuando encuentras que no hay opción, llegas a la conclusión de que la alternativa militar, digamos lo que digamos, condenémosla o aplaudámosla, puede terminar siendo inevitable para los Estados Unidos. Porque si tú ves las opiniones que emite la CIA, el departamento de Estado, ¿qué dicen? Que Irán está allí, Rusia está allí, Hezbollah está allí, el terrorismo está allí, allí en Venezuela”.

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Ángel Zerpa: 22 días en huelga de hambre

Ángel Wladimir Zerpa Aponte muere de indiferencia en una celda de El Helicoide. Lleva 24 días detenido y 22 en huelga de hambre sin que nadie se preocupe por él. Toda la fuerza represiva de la dictadura ha caído sobre su persona. A las 6 de la tarde del sábado 22 de julio el SEBIN lo secuestró en Los Cortijos, mientras estaba con su esposa. Durante toda la noche lo ruletearon por Caracas hasta que a las 7 de la mañana de ese domingo lo ingresaron a la sede principal del SEBIN, donde lo encerraron en un baño lleno de excremento, según El Nacional. Le negaron la visita de abogados y familiares, y el acceso a los medicamentos que necesita para controlar su hipertensión. Al día siguiente lo llevaron a juicio en un Tribunal Militar, en el que se le negó la posibilidad de tener un defensor privado y le asignaron uno público. Penalista de carrera y profesor de trayectoria –la UCV, la UCAB, la UC, la UCAT, la ULA, la USM, la UCSAR y la UJMV son las universidades donde enseñó en pre-grado y post-grado– decidió defenderse a sí mismo en un juicio que tenía perdido de antemano: traición a la patria le dictaron y se lo llevaron a El Helicoide. Dos cosas puede que le hayan cobrado: haberse juramentado como magistrado del TSJ por la Asamblea Nacional y haber representado y defendido a Luisa Ortega Díaz en el antejuicio de mérito que el TSJ le hizo a petición de Pedro Carreño. Al salir de la audiencia, Zerpa se declaró en huelga de hambre, y desde entonces han pasado 22 días, en los cuales no le han dejado ver, ni siquiera, a su familia. “No sabemos absolutamente nada de mi papá. Todas las mañanas me levanto sin saber si está vivo o está muerto”, declaró su hija a VPI ayer. Y aunque el Ministerio Público designó a un Fiscal para el caso e intentó ingresar a El Helicoide para verificar su estado de salud, también le ha sido repetidamente negado el acceso. La última información que se tuvo, la proporcionó un abogado que accidentalmente lo vio en El Helicoide hace una semana: “No me dejen solo”, pidió Zerpa.

TRANCAZOWEB

El trancazo que no fue

Por: Ezequiel Abdala | @eaa17

El trancazo que no fue estuvo convocado por dos diputados jóvenes, que aparte del nombre (Juan) y el cargo han compartido también el primer frente de las protestas: Requesens y Guaidó. Lo hicieron en un tono de súplica, casi de ruego: “Le pedimos al pueblo, a aquellos que nos echan sus abrazos y regaños, que lo sigan haciendo, pero que también nos acompañen en las calles (…) les pedimos que no abandonemos las calles ni el compromiso que hemos venido teniendo. Sigamos movilizándonos”. Estuvo aderezado, además, por dos hechos de alcance sucedidos en la madrugada: el asalto al Hemiciclo de Sesiones por parte de la GNB, Delcy Rodríguez y Darío Vivas, y la destitución vía TSJ del Alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, con sentencia de 15 meses de cárcel.

En cualquier otro momento, habría bastado apenas uno de esos sucesos para encender la calle a niveles de la Roma de Nerón. El martes, sin embargo, no alcanzaron los tres juntos para cerrar, si quiera, la mitad de las avenidas que en cualquier otro trancazo se cerraron en el municipio al que le acaban de quitar el Alcalde. El trancazo no es que fracasó estrepitosamente, es que sencillamente no pasó, no ocurrió, no fue, y dejó en evidencia lo que desde hace días ya se advertía con bastante claridad: la total desconexión, el divorcio absoluto, entre la gente y los líderes de oposición.

El antecedente más inmediato fue el viernes pasado, en una marcha que estuvo a punto de no ser (se pospuso dos veces) y sólo al final terminó siendo, y bastante pequeña (“¿la suspendieron otra vez?”, nos preguntó a los periodistas una señora ante la poca cantidad de gente que había). Ese día, en Plaza Altamira, donde apenas había dos diputados (la mayoría de ellos se concentró en Parque Cristal, hay que decirlo), el discurso de la anti-política (o de la anti-dirigencia, para ser más precisos) fue pronunciado con ferocidad por espontáneos y aplaudido a rabiar por los presentes. Dos cosas criticaban: la inacción (ese fue el primer acto de calle luego de la elección de la Constituyente, y tuvo lugar seis días después) y la convocatoria a las regionales.

En la  marcha, el diputado Carlos Paparoni (herido con una metra en la pierna y revolcado por la ballena hasta quedar inconsciente en la autopista en manifestaciones anteriores) fue abucheado, insultado e increpado por los manifestantes mientras transitaba la Francisco de Miranda. Era el mismo Paparoni que mes y medio antes, brazo en cabestrillo, arrastraba gente al Distribuidor Altamira entre aplausos, vítores y aclamaciones incluso de los mismos encapuchados. Pero los tiempos cambiaron radicalmente.

Lo que se recoge en la calle es que la gente está entre decepcionada y dolida. Ese sábado todavía había rabia, pero ya mudó a otro estadio: la indiferencia. ‘Si lo que les importa es una cuota de poder’, razonan varios, ‘pues que vean cómo la obtienen y no cuenten más con nosotros’. Es difícil determinar si ese es el sentir de la mayoría del pueblo opositor, pero sí por lo menos de los más ligados a la resistencia, que eran los que todavía salían a la calle (que, dicho sea, se había ido vaciando paulatinamente gracias a la represión, sobre todo desde que comenzaron las emboscadas en moto, hará cosas de dos meses).

La mala noticia es que la dictadura sigue, y aunque en discursos se diga que está en su peor momento, el de la oposición no luce mejor: ha perdido, pareciera, todo vínculo con la gente. Se habla sola y a sí misma. No convence, no persuade, no convoca, no tiene con qué resistir y mucho menos con qué defenderse. A Chacao, probablemente el más opositor de los municipios (o al menos al que mayor cantidad de protestas ha congregado) y en el que se encuentran lugares emblemáticos de la lucha, le quitaron el alcalde sin protesta ni costo alguno. Y eso ya lo dice todo.

PERSEGUIDOSWEB

Perseguidos

Enzo Scarano (San Diego) y Daniel Ceballos (San Cristóbal) abrieron la lista en 2014 por no impedir las protestas de la oposición. Fueron el botín que cobró el gobierno tras ‘La Salida’. Las primeras represalias que usaría Maduro para advertirle a sus detractores que municipio que protestara, municipio que perdería a su alcalde. En 2015 Antonio Ledezma ingresó al inventario rojo, aunque por otras razones: el dirigente de Alianza Bravo Pueblo, según Nicolás, estaba tramando un golpe de Estado. Así que, sin más, debía ir preso. Las excusas se diversificaban, pero el plan era el mismo: debilitar el liderazgo regional de la oposición.

Las municipales de 2013, hay que decirlo, habían sido un fracaso para la MUD. El chavismo sacó del sombrero al Dakazo y esquivó lo que debió haber sido un plebiscito. La sucia maniobra bastó para que, sumado al descontento del pueblo opositor con sus dirigentes por no defender los resultados de las presidenciales de ese año, el PSUV ganase el triple de alcaldías, con 900.000 votos más (aunque con Smartmatic nunca se sabe, nunca se supo, ni nunca se sabrá). Lo cierto es que, pese al mal resultado, la Mesa de la Unidad Democrática había triunfado en las alcaldías emblemáticas y eso, para un gobierno hegemónico, era motivo suficiente para iniciar una persecución. Al mínimo descuido, e implementando cualquier excusa, los líderes regionales podrían perder su cuota de poder.

A Scarano, Ceballos y Ledezma se les han unido, ahora en 2017, Gustavo Marcano (Lechería), Alfredo Ramos (Barquisimeto), Carlos García (Mérida) y Ramón Muchacho (Chacao). Todos condenados a 15 meses de prisión por la misma razón: no reprimir protestas en sus municipios. El gobierno ya había amenazado en mayo, cuando, sentencia del TSJ mediante, informó a 10 alcaldes opositores que o impedían que se pusieran obstáculos en la vía pública o irían a prisión. David Smolansky, burgomaestre de El Hatillo, es el próximo objetivo en la cartelera del PSUV. Mañana a las 10:00 a.m. será su audiencia y sólo podemos esperar lo peor.

En Miraflores preparan sentencias del TSJ

Ya se cuentan en más de diez las sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea Nacional (AN), a la que prácticamente tiene amarrada de manos. Lo llaman “conflicto de poderes”, pero es más que eso: se trata de una estrategia hecha desde el Ejecutivo para inhabilitar, bajo una apariencia de legalidad, al poder Legislativo. Manuel Isidro Molina, columnista del semanario ‘La Razón’, que ha demostrado tener fuentes más que fiables dentro del TSJ y se ha convertido en el relator de lo que allí dentro pasa, reveló este domingo cómo es que se están llevando a cabo las cosas dentro del máximo tribunal del país. De acuerdo con Molina, en el piso 5 del TSJ existe una llamada “Sala Situacional” en la que se preparan las decisiones y sentencias en contra de la Asamblea Nacional. Esa “Sala Situacional”, cuyo acceso es restringido para la mayoría de los magistrados y cuenta con medidas especiales de seguridad, es regida por el magistrado Luis Fernando Damiani (designado por la otra AN en diciembre pasado) y los ex magistrados Francisco Carrasquero y Emiro García. La sala coordina directamente con la Consultoría Jurídica de Miraflores, detrás de la cual hay tres abogados que asesoran a Maduro para este fin. ¿Sus nombres? Cilia Flores, Elvis Amoroso y Hermann Escarrá, quien “está muy activo redactando sentencias”. Siempre según Molina, hay entre los magistrados de la Sala Constitucional –algunos de los cuáles han sido llamados directamente por Miraflores– cierto descontento con la situación, sin embargo, al final, todos levantan las manos y firman las sentencias.

La desvergüenza del TSJ

Era en diciembre de 2016 cuando por ley les tocaba jubilarse, pero decidieron hacerlo ahora. Hablamos de 13 magistrados de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tras una extensa reunión llevada a cabo la semana pasada tomaron la decisión de retirarse un año antes de que venciera su período. ¿Sorpresa? No, señor: era comentario ‘sotto voce’ en los mentideros judiciales. ¿Fatiga extrema como la de los grandeligas, mucho stress acumulado, demasiado trabajo en estos años? Nada de eso: motivos políticos. Muy políticos. Una movida tan maestra como desvergonzada, que se explica de la siguiente forma: jubilándose cuando les correspondía (diciembre del año que viene) sería la nueva Asamblea Nacional (AN) surgida de las elecciones de diciembre la que elegiría a sus sustitutos; pero jubilándose ahorita, será esta AN roja-rojita –que “casualmente” había abierto a principio de mes la convocatoria de las postulaciones para aspirantes a magistrados– la que elegirá en tiempo record a sus sustitutos, con los criterios que ya sabemos. Y no sólo a los sustitutos de ellos, sino también de otros 5 magistrados que en otra movida “casual” pasaron hace unos días de suplentes a principales; es decir: esta AN se despedirá nombrando ‘in extremis’ a 18 nuevos magistrados que durante 12 años -¡¡¡12 años!!!- serán parte –y no cualquier parte, sino cabezas– del Poder Judicial.